Sheinbaum va contra finanzas del crimen con gabinete alterno

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El plan contempla como prioridad neutralizar a generadores de violencia y redes delictivas, y reducir la incidencia de homicidios dolosos e ilícitos de alto impacto en 10 municipios

Con el fin de pacificar al país, la presidenta Claudia Sheinbaum presenta hoy su estrategia nacional de seguridad, en la que una de sus prioridades será atacar frontalmente las finanzas del crimen organizado con la creación de un “gabinete alterno” integrado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Procuraduría Fiscal, Pemex Logística y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que se encargarán de combatir el lavado de dinero.

El documento Estrategia de seguridad de los primeros 100 días, que elaboró el equipo de Sheinbaum Pardo en septiembre pasado y del que EL UNIVERSAL tiene copia, explica que va por detenciones estratégicas de criminales que pudieran detonar acciones violentas tras su detención.

En el rubro de inteligencia, investigación y detención estratégica, se explica que en el gobierno de Sheinbaum Pardo se aplicará un programa de recompensas sobre objetivos generadores de violencia que cuenten con órdenes de aprehensión.

Explica que también se contempla como una de sus prioridades el neutralizar a los generadores de violencia y redes criminales.

Asimismo, va por la disminución de la incidencia de homicidios dolosos y delitos de alto impacto, además de buscar mejorar la percepción ciudadana sobre el respaldo del gobierno ante hechos violentos.

Se describe que también será una prioridad la disminución de la incidencia delictiva de alto impacto en los 10 municipios con mayor número de homicidios dolosos vinculados a la delincuencia organizada.

Indica que según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) 25.3% de los homicidios violentos están registrados en los siguientes 10 municipios: Colima, Colima; Tijuana, Baja California; Acapulco, Guerrero; Celaya, Guanajuato; Cajeme, Sonora; Ciudad Juárez, Chihuahua; Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco; Chihuahua, Chihuahua; León, Guanajuato; Benito Juárez, Quintana Roo.

Estos municipios tienen un promedio de asesinatos por encima de la media nacional, que es de 20.5. No obstante, la estrategia estaría comenzando por los siguientes seis municipios; Tijuana, León, Celaya, Acapulco, Benito Juárez y Colima.

Asimismo, busca que en los primeros 100 días de administración se pueda neutralizar a generadores de violencia y redes criminales, lo que incluye el combate al tráfico de drogas, específicamente el fentanilo, y armas de fuego.

Por lo anterior, la estrategia delinea que habrá coordinación integral entre miembros del gabinete, fortalecimiento de inteligencia e investigación, así como con el SESNSP.

También habrá atención a la seguridad en Chiapas y a la extorsión en el ciclo productivo del limón en Michoacán, una estrategia en carreteras y vías generales de comunicación, y el establecimiento de 10 fuerzas de tareas formadas por las instituciones de seguridad.

La estrategia busca que haya mayor coordinación para evitar duplicar esfuerzos y presentar resultados que reflejen la fuerza del Estado en conjunto mediante cinco ejes

El primero de ellos es definir líneas de acción, operación y funcionamiento del gabinete de seguridad; dos, establecer procedimientos de metas y seguimiento de acuerdos del gabinete de seguridad.

Con respecto a los generadores de violencia y estructuras de mando, la estrategia busca identificar liderazgos, segundos y terceros niveles de mando e integrantes con mayor perfil de violencia, entre ellos el sicariato, y revisar el estatus jurídico cómo órdenes de aprehensión y el estatus de las carpetas de investigación.

Se dará también atención a la extorsión del limón en Michoacán, particularmente en Nueva Italia, Antunez, Buenavista, Tepalcatepec, Aguililla y Apatzingán, ante el cobro de piso en las etapas de producción de las huertas de Michoacán.

La estrategia busca implementar en carreteras y vías generales de comunicación retenes y aplicar tecnología para detener los delitos contra automovilistas y transporte de carga mediante la coordinación de las fuerzas de tarea conformadas por las instituciones de seguridad que cuenten con los recursos tecnológicos, como Sedena, Semar y Secretaría de Seguridad.