Con irregularidades en obras públicas de 13 municipios y las JMAS de Chihuahua y Nuevo Casas Grandes: Auditoría Superior del Estado

Por: Sandra Dueñes Monárrez.

Chihuahua, Chih., a 3 de diciembre del 2024.- El auditor Superior del Estado, Héctor Acosta Félix informó que dentro de las observaciones relevantes a la cuenta pública del 2023 se presentaron 13 informes individuales de municipios y de dos Juntas Municipales de Agua y Saneamiento respecto a la obra pública.

Dentro de estos informes, la ASE destacó que dentro de estas omisiones recurrentes se encuentra la contratación de obra pública sin haber licitado previamente, así como falta de investigación de mercado, omisiones en las garantías vinculadas a la calidad del servicio o la obra.

En este sentido, Acosta Félix detalló que la ASE no solamente logró contabilizar, sino recuperar recursos tanto en especie como en conceptos no previstos dentro de los contratos y que no fueron ejecutados por el contratista por un millón 158 mil 679.65 pesos.

Las irregularidades detectadas por la ASE fueron desde falta de contratos que ampararan a los municipios y proveedores de la prestación del servicio. Cabe destacar que esta situación se registró principalmente en Ayuntamientos con menor desarrollo como los son:

Aldama, Allende, Galeana, Guerrero, Janos, Jiménez, Matamoros, Namiquipa, Ojinaga, San Francisco de Conchos, San Francisco del Oro, Satevó y Saucillo.

En materia de obra pública se localizaron irregularidades en la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua y la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Nuevo Casas Grandes.

Dentro de las irregularidades encontradas a los 13 municipios y las dos JMAS, la ASE detalló que uno de los temas recurrentes se encontraba vinculado a los pagos de volúmenes mayores a los ejecutados, es decir un pago que no corresponde al invertido por parte del contratista en la obra respectiva. Pagos de materiales mayores o no aplicados ni instalados en las obras ejecutadas por administración directa, hay dos formas de hacer obra pública, por contratación, invitación a tres y licitación.

También se puede hacer obra pública por parte de las direcciones de obra pública y no a través de contratistas, sino mediante el personal del municipio o ente correspondiente, explicó Acosta Félix.

De igual modo, se localizaron cargos adicionales sin que estos sean derechos o impuestos que deriven de un ordenamiento legal, como a nivel federal existen cuotas que se tienen que cobrar a los contratistas y creemos que hay una confusión, por lo que se han hecho algunos cobros en el caso de contratos por la ley local que no prevé estas aportaciones.

Contratación de bienes y servicios sin sujetarse a la ley de adquisiciones en obras por administración directa, es decir que los materiales que son necesarios para la ejecución de la obra han tenido algunas inconsistencias relacionadas con el cumplimiento con la Ley de Adquisiciones, detalló.

Incumplimiento de contar con resoluciones en materia de impacto ambiental y permisos de construcción previo a la ejecución de las obras públicas. Esta es recurrente, “creemos aquí que debería de haber una reforma pública porque en muchas ocasiones el proceso de la obtención del impacto ambiental hace que se retrasen las obras cuando se trata de obras en lugares que se encuentran ya impactados”,

Adjudicación de contratos de obra pública a licitantes que incumplen las bases de la licitación pública. Esta es una inconsistencia frecuente y seria porque se están adjudicando contratos a contratistas que no cumplieron con alguno de los requisitos en el proceso de licitación.

Detección de agrietamientos, desprendimientos de materiales, ondulaciones, despostillamientos en obras públicas, está última observación, la ASE aseguró que dentro del informe presentado al Congreso del Estado, se logró documentar estas irregularidades a través de imágenes detalladas en las obras que presentan estas problemáticas.

Así como pagos sin contar con un contrato que los ampare, es decir en algunos municipios la ASE se encuentra aun localizando los documentos, esto principalmente en los Ayuntamientos con menor desarrollo administrativo, pues existen casos donde están pagando sin existir ningún documento que ampare la obligación a la que está sujeto el municipio y el proveedor, es decir el contrato no existe, concluyó Acosta Félix.