Despenalización del aborto por la SCJN se generó porque el Congreso incumplió con su obligación de legislar: Marea Verde

Por: Sandra Dueñes Monárrez.

Chihuahua, Chih., a 1 de febrero del 2025.- La Declaratoria General de Inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de invalidar los efectos generales, disposiciones del código penal del estado de Chihuahua que sancionaba el aborto voluntario como un delito fue generada debido a que el Congreso del Estado “no cumplió con su obligación de legislar”, refirió la organización Marea Verde.

La declaración de la SCJN es muy rara y solo se generan cuando los Congresos Estatales no cumplen con su obligación de legislar, por lo que esta declaratoria “no es igual a las acciones de inconstitucionalidad, por ello, ya no es necesario que el Congreso legisle”.

Además esta declaratoria tiene efectos de retroactividad, es decir, que cualquier caso abierto por le delito de aborto debe ser sobreseida, pues no existe delito, Es así que el estado de Chihuahua se convirtió en el estado número 21 del país en despenalizar el aborto voluntario hasta las 12 semanas de gestación.

De acuerdo con la SCJN, las disposiciones del código penal del Estado de Chihuahua que preveían el delito de aborto involuntario previstas en los artículos 143, párrafos primero y segundo, 145 y 146, fracción I, eran violatorias de los derechos a la igualdad y no discriminación, así como del derecho humano a la salud de las mujeres y personas gestantes

El 18 de octubre de 2023 pasado, la Primera Sala de La Corte, al resolver el amparo en revisión 666/2023, determinó que los preceptos son violatorios de los derechos humanos de las mujeres y de las personas gestantes, pues se les obligan a ser madres, lo cual es contrario a su proyecto de vida, atenta directa y frontalmente con su derecho al disfrute del más alto nivel posible de bienestar físico, mental y social, conforme al cual se les reconoce el control de su salud y cuerpo, con inclusión de su libertad sexual.

Además, la Primera Sala consideró, la penalización del aborto pueden ocasionar que las mujeres y personas gestantes que quieren abortar lo tengan que hacerlo en condiciones inapropiadas, lo que las coloca en una situación de riesgo y peligro, orillando a que las decisiones que tomen sobre su maternidad, sin un acompañamiento adecuado, afecten su salud, poniendo en riesgo su bienestar físico, mental, e incluso social.