El Gobierno de Trump expande rápidamente el campo de concentración para migrantes en Guantánamo

Andrea Lobo

Menos de dos semanas después de ordenar la detención de hasta 30.000 personas indocumentadas en la base naval estadounidense en la bahía de Guantánamo, Cuba, el objetivo más amplio de la Administración de Trump se ha vuelto claro. Busca arrogarse el poder de encarcelar a quien le plazca en lo que equivale a un centro de tortura extraterritorial sin restricciones legales.

El domingo, el Washington Post publicó imágenes satelitales que muestran que el personal militar ha erigido más de 185 tiendas de campaña y estructuras temporales en el sitio, que inicialmente tenía una capacidad para unos 120 detenidos.

El Post también entrevistó a varios abogados de derechos humanos familiarizados con el centro de detención que advirtieron que los migrantes detenidos en Guantánamo han entrado en un “agujero negro legal” y que incluso sus nombres están siendo ocultados al público.

Durante la llamada “guerra contra el terrorismo”, Guantánamo se hizo famoso como un campo de detención militar de la CIA, donde cientos de presuntos miembros de “grupos terroristas” secuestrados de todo el mundo fueron sometidos a tratos crueles y degradantes de tortura y abuso.

La Casa Blanca emitió inicialmente un memorando el 29 de enero ordenando la expansión a “plena capacidad” del ala de detención de migrantes de Guantánamo “con el objetivo de frenar la invasión fronteriza, desmantelar los cárteles criminales y restaurar la soberanía nacional”.

A los pocos días, comenzó a llegar personal militar a la base en Cuba para comenzar a armar tiendas de campaña, y el primer vuelo militar con 10 detenidos llegó el 4 de febrero. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, todas las siglas en inglés) afirmó que todos los detenidos eran miembros conocidos de la banda criminal venezolana Tren de Aragua, que Trump ha designado como una organización terrorista extranjera.

El viernes siguiente, la secretaria del DHS, Kristi Noem, viajó personalmente a Guantánamo, donde declaró: “El presidente Donald Trump ha sido muy claro: la bahía de Guantánamo albergará a lo peor de lo peor”.

Unos 50 hombres han sido enviados hasta ahora a la isla en cinco vuelos militares, y un portavoz del Pentágono y la secretaria del DHS, Noem, aseguraron durante el fin de semana que los migrantes están bajo custodia de ICE, no militar, como una “solución temporal” hasta que se organice el transporte a sus países de origen, y que se están respetando el “debido proceso” y las “normas humanitarias internacionales”.

Pero solo tomó horas para que todas las garantías sobre derechos democráticos y las afirmaciones de que los detenidos son miembros de pandillas fueran expuestas como mentiras descaradas.

J. Wells Dixon, abogado de un detenido actual en Guantánamo, explicó al Post que la distinción de estar bajo custodia de ICE en un centro de detención militar no es real, y señaló que el Campo 6, donde se envía a los deportados, “está inextricablemente entrelazado con la prisión militar”. Según la legislación actual, solo las personas afiliadas a grupos presuntamente responsables de los atentados del 11 de septiembre pueden permanecer bajo custodia militar.

La prisión, agregó Dixon, “fue diseñada para romper psicológicamente a los detenidos”. Otros entrevistados señalaron las condiciones insalubres e inhumanas en Guantánamo y señalaron que la capacidad combinada de la prisión militar y de migrantes era de 220.

El domingo, un juez federal estadounidense prohibió la deportación de tres hombres venezolanos a Guantánamo en respuesta a una demanda que afirma que los migrantes fueron acusados falsamente de tener vínculos con el Tren de Aragua.

Finalmente, la publicación Migrant Insider expuso que uno de los 10 detenidos en el primer vuelo a Guantánamo era un solicitante de asilo legal venezolano, Luis Alberto Castillo Rivera, quien no tenía antecedentes penales pero habría sido acusado de ser pandillero por tener un tatuaje de la marca de zapatos Air Jordan con una corona.

Lo más significativo es que sus familiares descubrieron a través de fotos compartidas en las redes sociales por el DHS que el joven de 23 años había sido enviado a Guantánamo. Justo el día anterior, el 3 de febrero, había llamado para decir que estaba a punto de ser liberado en los Estados Unidos en espera de una audiencia de asilo.

Al momento de escribir este artículo, el sitio web de ICE muestra que está detenido por la agencia en Florida, lo que da la alarma de que se están manipulando los registros y se está eliminando la capacidad de rastrear a los detenidos.

Se debe emitir una severa advertencia a todos los trabajadores en los Estados Unidos, independientemente de su estatus legal: cualquier persona que sea el blanco del Gobierno de Trump puede ser capturada en este marco. Dada la total falta de transparencia, ni siquiera se puede creer la afirmación de que se trata de migrantes y no de ciudadanos estadounidenses.

La Administración de Trump ha dejado claro que busca poderes ejecutivos sin control con total desprecio por la legalidad constitucional.

El propio Trump ha saboreado la posibilidad descaradamente inconstitucional de deportar a ciudadanos estadounidenses a El Salvador, después de que el presidente fascistizante de ese país, Nayib Bukele, ofreciera detener a convictos estadounidenses en su extenso “Centro de Confinamiento del Terrorismo”, donde ha habido numerosos informes de tortura y muertes de reclusos.

El martes pasado, Trump dijo que esperaba “sacar a estos animales de nuestro país y ponerlos en un país diferente bajo la supervisión de alguien” que pudiera “quedárselos porque estas personas nunca serán buenas para nada”.

Si bien Trump no definió la categoría de “estas personas” que son objeto de deportación, ha identificado repetidamente a quienes se oponen a sus políticas de derecha como delincuentes que deben ser investigados y encarcelados.

Todo el relato falso de una peligrosa “invasión” de migrantes está siendo utilizado por el Gobierno para justificar una guerra más amplia contra los derechos sociales y democráticos de la clase trabajadora.

Por su parte, el Partido Demócrata se ha negado a oponerse a las deportaciones a Guantánamo y al impulso general para establecer una dictadura presidencial. En algunos casos, los demócratas no solo han proporcionado votos clave para la confirmación en el Congreso de los nominados al gabinete de Trump, sino que sus predecesores demócratas sentaron gran parte de las bases para la agenda de Trump, incluso en Guantánamo.

En la década de 1990, la Administración demócrata de Bill Clinton detuvo a decenas de miles de migrantes haitianos y cubanos en la base naval de Guantánamo, ampliando una política que comenzó bajo su predecesor, el republicano George H.W. Bush, mientras que Barack Obama incumplió su promesa tan publicitada de que cerraría el complejo penitenciario en Guantánamo por completo.

En agosto del año pasado, la Administración de Biden otorgó un contrato a Akima Infrastructure Protection para expandir el Centro de Operaciones para Migrantes de Guantánamo (“GMOC”). Esto fue seguido en septiembre por un informe emitido por el Proyecto Internacional de Asistencia a los Refugiados (IRAP), que expuso la detención secreta de migrantes en la instalación en condiciones “inhumanas” e indefinidamente.

Existen amplios precedentes históricos que los trabajadores deben conocer a medida que el aparato militar y de inteligencia de los Estados Unidos se lleva a detenidos a campamentos de carpas en el medio del Caribe.

Menos de dos meses después de que Hitler se instalara en el poder en enero de 1933, se inauguró el primer campo de concentración en Dachau como prototipo. Inicialmente internó a opositores políticos, principalmente trabajadores de izquierda e intelectuales pertenecientes al Partido Comunista y al Partido Socialdemócrata, y luego se amplió para encarcelar a judíos, otras minorías y otros en la mira de los nazis.

Más cerca de casa, durante las décadas de 1970 y 1980, Estados Unidos respaldó u orquestó directamente la instalación de dictaduras militares fascistas en la mayor parte de América del Sur y Central que llevaron a cabo el secuestro, la tortura y el asesinato de cientos de miles de opositores políticos y presuntos izquierdistas, en una práctica ahora ampliamente conocida como “desapariciones”.

Las cámaras de tortura bajo el dictador chileno Augusto Pinochet emplearon los métodos más infames, desarrollados en estrecha colaboración con exfuncionarios nazis y “asesores” de la CIA. Al igual que en Alemania, los campos de detención en América del Sur a menudo se usaban para el trabajo esclavo.

Ahora existe un peligro claro y presente de que la oligarquía estadounidense busque utilizar este “conocimiento” acumulado y ampliado durante la “guerra contra el terrorismo” para reprimir preventivamente la inminente y ya emergente oposición de masas en la clase obrera estadounidense e internacional.

La lucha por defender los derechos democráticos requiere la construcción de un movimiento socialista en la clase trabajadora. El Partido Socialista por la Igualdad está encabezando el desarrollo de un movimiento de masas de la clase trabajadora, dirigido no solo contra Trump y los republicanos, sino contra todo el establishment político. La lucha contra la dictadura es inseparable de la lucha contra el sistema que la produce: el capitalismo. Instamos a todos aquellos que quieran asumir esta lucha a unirse y construir el Partido Socialista por la Igualdad.

(Artículo publicado originalmente el 7 de febrero de 2025)