A cambio de votos y saboteo de proceso judicial PRIAN regala cargos a MC y PT

Por: La Redacción.

Chihuahua, Chih., a 28 de febrero del 2025.- Los coordinadores del Partido Movimiento Ciudadano (MC), Francisco Sánchez Villegas y América Aguilar Gil del Partido del Trabajo (PT) no solamente llevarón cada votos a favor de la pensión vitalicia millonaria a magistrados, sino que a cambio de sumarse a la ausencia masiva orquestada el pasado 24 de febrero para “sabotear” el análisis y discusión de la lista de personas insaculadas por el Comité Evaluador del Poder Legislativo buscaron asegurar los espacios tanto para la esposa del líder naranja como para el hermano de la heredera del clan de los Aguilar.

Con el “bloqueo” a la lista de insaculados del Poder Legislativo no solamente se reduce las oportunidades aspirantes a ocupar el cargo de magistrados y jueces dentro del proceso a elección programado para el próximo 1 de junio 2025, sino que ofrece el “pase automático” de personas afines a la administración estatal es decir al PAN, PRI y sus aliados en este caso el PT, MC y el Verde Ecologísta.

Con anterioridad al proceso de reforma al Poder Judicial, Nancy Josefina Escárcega Valenzuela, esposa del diputado y presidente de MC, Francisco Sánchez, ingresó el 4 de marzo de 2022 al Poder Judicial como secretaria Técnica, adscrita a la Unidad de Análisis, Medición, Estadística y Seguimiento del Distrito Judicial Morelos, dicho nombramiento se realizó a partir de una negociación con el entonces secretario General de Gobierno, César Jáuregui Moreno, a cambio del voto de MC en el Congreso del Estado, dicho acto fue recriminado en tribuna por el entonces diputado morenista Gustavo de la Rosa Hickerson.

Posterior al nombramiento antes citado a Escárcega Valenzuela y en medio del proceso de elección a personas juzgadoras fue nombrada hace unos días como encargada del despacho de una magistratura, esto sin tener un perfil idóneo.

Es importante precisar que no solo la iniciativa de pensión vitalicia fue votada por MC de manera automática, sino cada una de las propuestas enviadas por el ejecutivo, en este caso el presupuesto, venta de terrenos a precios de regalo a empresarios, la asignación de la pensión vitalicia millonaria y en esta última ocasión el “saboteo” de una sesión programada y que no se llevó a cabo debido a las negociaciones realizadas para favorecer a los intereses personales y políticos del PAN, PRI, PT y Movimiento Ciudadano.

Es importante destacar que dentro de estas negociaciones también se encuentra el nombramiento de Rubén Aguilar Gil, hermano de la diputada local del PT, América Aguilar Gil, fue nombrado “encargado del despacho por ministerio de Ley” de la Quinta Sala Penal del Distrito Judicial Morelos.

Fue nombrado Secretario de Acuerdos en la Quinta Sala Penal, lo que le garantiza un pase directo a la boleta para ser magistrado, sin haber demostrado méritos ni conocimientos en materia penal. Rubén Aguilar Gil ocupaba el cargo de Director del Instituto de Atención Temprana y Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado desde el 22 de septiembre de 2022.

La estrategia implementada no solo busca bloquear la lista de candidatos elaborada por el comité de selección del Poder Legislativo, que incluye nombres que ella identifica con el “corralismo” y Morena, para garantizar que solo sean candidatos personas afines al PRIAN y sus aliados.

Por lo que de no llegar a validad la lista de insaculados por el Comité Evaluador para el próximo 28 de febrero, el Congreso del Estado en este caso los diputados del PAN, PRI, MC, PT y MC abrán violado el derecho de los aspirantes a ocupar los cargos de jueces y magistrados cayendo en una serie de irregularidades que podrían ser calificadas como graves y que tendrían que pasar por un proceso juridiccional administrativo establecido por el Poder Legislativo.

El viernes 28 de enero es la fecha clave para que el Congreso del Estado defina las listas definitivas, aunque sin haber cumplido los plazos legales que podría derivar en una controversia constitucional para revertir la reforma que privilegia con pensiones millonarias a un grupo de magistrados que no tienen carrera judicial y llegaron al cargo por motivos políticos.