Demandan a Trump por norma que obliga a indocumentados a registrarse

Por: La Redacción.

Ciudad de México., a 1 de abril del 2025.- rganizaciones de defensa de los inmigrantes respondieron con una demanda a la norma creada por la Administración Trump para obligar a los inmigrantes indocumentados a autodeportarse, inscribiéndose en un registro gubernamental, haciéndoles creer que más tarde podrán ingresar al país de manera legal; y no de anotarse, estarán cometiendo un crimen federal.

“Este proceso es una redada masiva y una extensión de la campaña alarmista de la Administración Trump dirigida a inmigrantes con profundas raíces en sus comunidades y que contribuyen a la fortaleza y vitalidad de nuestra nación”, declaró Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA).

Señaló que busca castigar, excluir y separar familias, y no ofrece ningún reconocimiento a las contribuciones de los inmigrantes, como una vía para obtener la ciudadanía.

CHIRLA liderada por organizaciones aliadas como el American Immigration Council presentó una demanda en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Washington D. C. contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la secretaria del DHS, Kristi Noem, y otros funcionarios ​​del gobierno.

La demanda impugna una norma publicada a principios de este mes por la Administración Trump, que exige que millones de personas se registren ante el gobierno federal y lleven consigo comprobante de su registro en todo momento, o se arriesgan a un proceso penal federal.

“Esta norma es una invitación al abuso generalizado. Hablamos de una nueva realidad en Estados Unidos, donde cualquier persona percibida como inmigrante tendría que llevar consigo sus documentos de identidad al salir de casa y estar preparada para mostrárselos a las autoridades si se los piden, con el riesgo de ser arrestada”, dijo Michelle Lapointe, directora legal del Immigration American Council.

“Estados Unidos no es un país donde se exige llevar los documentos, y esta norma pone en peligro las libertades y los derechos de millones de personas que viven aquí”, agregó.

Entre las organizaciones socias que representan a los abogados en la demanda se encuentran el Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU-IRP), la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), el Centro Nacional de Derecho de Inmigración (NILC), RFK Human Rights y CASA.

Además de CHIRLA, entre los demandantes figura la Unión de Trabajadores Agrícolas (UFW), CASA y Make the Road New York.

La activista Blanca Olivares dijo que no planea ir a apuntarse al registro.

“Tú crees que yo me voy a ir a registrar y arruinar el futuro de mis dos hijos que nacieron en este país, donde he vivido casi 24 años, más de la mitad de mi vida. Me aterraría que mi esposo lo hiciera”, dijo.

Y sostuvo que el gobierno ya tiene a los inmigrantes indocumentados registrados, y saben quiénes y dónde están los que son criminales.

“Hay mil registros como el del IRS (Servicio de Recaudación de Impuestos). Ya me tiene harta la secretaria Noem con sus anuncios de ‘te vamos a encontrar’. Pues que vengan a encontrarnos, nosotros no nos vamos a ir, ni nos vamos a dejar intimidar ni autocriminalizar. Todo lo que hemos hecho es trabajar. Ya me hundí mucho años en la depresión por mi estatus, pero no más”, indicó.

Tan solo 30 días después de publicar una norma sin consulta pública, el gobierno activó una ley federal de la Segunda Guerra Mundial, que estuvo en desuso durante mucho tiempo, para exigir que millones de extranjeros se registren ante el gobierno federal.

Esta norma crea un proceso de registro universal y establece un requisito sin precedentes: millones de personas deben llevar consigo documentos de identidad específicos en todo momento.

“De un plumazo, la administración Trump está intentando convertir a Estados Unidos en un estado donde millones de inmigrantes, ciudadanos naturalizados y ciudadanos por nacimiento podrían ser acosados ​​por las fuerzas del orden debido a su color de piel, el barrio en el que viven o el idioma que hablan”, dijo Jeremy Robbins, director ejecutivo del American Immigration Council.

El gobierno también de prioridad a las violaciones de este nuevo proceso en materia penal, lo que significa que procesará enérgicamente a las personas por omisión deliberada de registro o por no llevar consigo sus documentos.

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados, Kristi Noem, ha declarado explícitamente que la norma busca incentivar la autodeportación.

“El presidente Trump y la secretaria Noem tienen un mensaje claro para quienes se encuentran en nuestro país sin documentos: váyanse ya. Si se van ahora, podrían tener la oportunidad de regresar, disfrutar de nuestra libertad y vivir el sueño americano”, dijo Tricia McLaughlin, vocera del Departamento de Seguridad Nacional, al publicarse la norma del registro.

“La administración Trump aplicará todas nuestras leyes de inmigración; no elegiremos qué leyes aplicaremos. Debemos saber quién está en nuestro país para la seguridad de nuestra patria y de todos los estadounidenses”.

El Departamento de Seguridad Nacional publicó la norma sin permitir que el público presentara comentarios, considerándola una “norma de procedimiento” que no afecta la vida de las personas ni requiere la participación del público.

La demanda argumenta lo siguiente:

Debido a que la norma afectará a millones de personas, debería haber estado sujeta a los requisitos de notificación y comentarios públicos que las agencias están obligadas a seguir.

La norma está redactada de forma confusa y su implementación causará caos. Hay poca claridad sobre qué categorías de inmigrantes se contabilizarán oficialmente como “registrados”. Por ejemplo, quienes hayan recibido las protecciones de DACA y TPS no se contabilizarán como registrados si no cuentan con un permiso de trabajo.

Anthony Enriquez, vicepresidente de defensa y litigios de RFK Human Rights en Estados Unidos, afirmó que en todo el mundo, los sistemas de registro son una estratagema común de los regímenes autoritarios para criminalizar a civiles e intimidar a la gente mediante abusos de poder policial.

“La administración Trump sabe que la gran mayoría de los estadounidenses rechaza el ataque a la libertad que suponen las exigencias arbitrarias de documentos de identidad por parte de la policía”, sostuvo.

Y agregó que  por eso intenta negarnos a todos la oportunidad de opinar sobre este cambio fundamental en la identidad estadounidense.

Con información de la Opinión.