México pierde ante Corte Suprema demanda por tráfico de armas

Por: La Redacción.

Ciudad de México., a 5 de junio del 2025.- La Corte Suprema desestimó la demanda del Gobierno de México contra fabricantes de armas de fuego estadounidenses, acusándolos de complicidad en la violencia armada perpetrada por los cárteles.

Aunque la jueza Elena Kagan, autora del dictamen, reconoció el problema de la violencia armada, afirmó que México no había presentado argumento sobre las reponsabilidades que tienen las productoras de armas en el caso, relacionado con el tráfico de armas.

“La pregunta que se plantea es si la demanda de México alega plausiblemente dicha conducta. Concluimos que no”, escribió la jueza sobre una decisión unánime.

La demanda de 2021 acusó a Smith & Wesson, Colt y otras empresas de permitir deliberadamente la venta de armas a distribuidores que venden tales productos a criminales, quienes los tráfican a México.

“La demanda de México no alega de manera plausible que los fabricantes de armas demandados facilitaron e instigaron la venta ilegal de armas de fuego por parte de los comerciantes de armas a los traficantes mexicanos”, dice la opinión escrita por la jueza Kagan.

Las productoras de armas en EE.UU. se amparan bajo la Ley de Protección del Comercio Lícito de Armas (PLCAA), para evitar ser perseguidas por el uso de sus productos en delitos, aunque la decisión del Máximo Tribunal no evita que una persona o grupos de personas emitan reclamos ante tribunales.

La defensa de las productoras se centró en la PLCAA y los jueces del Supremo estadounidense consideró que México no demostró sus acusaciones, por las cuales buscaba hasta $10,000 millones de dólares en daños.

La opinión de los jueces hace énfasis en que el equipo legal de México no logró demostrar que las productoras de armas actúan deliberadamente en el tráfico de armas, aunado a que la PLCAA fue promulgada por el Congreso para proteger a las productoras de armas de demandas sobre daños derivados del uso indebido de sus productos.

“En la sección de ‘hallazgos’ y ‘propósitos’, el Congreso explicó que la PLCAA tenía como objetivo detener dichas demandas, es decir, evitar que los fabricantes (y vendedores) fueran considerados responsables del daño causado por quienes hacen uso indebido de armas de fuego de forma delictiva o ilegal”, dice la opinión del Máximo Tribunal. “La demanda de México se asemeja mucho a las que el Congreso tenía en mente: busca que los fabricantes estadounidenses de armas de fuego resarzan los daños derivados que los miembros de los cárteles mexicanos causan con sus armas”.

La evidencia del tráfico de armas

El abogado Alejandro Celorio, quien fue Director Jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, y lideró la presentación de la demanda en una Corte de Distrito en Massachusetts, lamentó la decisión del Máximo Tribunal, pero defendió el debate abierto por el Gobierno mexicano.

“Si bien la decisión de la Corte no es favorable a México, la información que ya es pública debería animar a las empresas de armas a preocuparse sobre el destino de sus productos en México”, dijo a este diario.

Un reporte de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, en inglés), publicado en enero de este año, confirma que el 74 por ciento de las armas traficadas de Estados Unidos para los cárteles en México provienen de los estados de Texas, Arizona y California.

El 84% de los traficantes de armas son hombres, de los cuales el 95% son ciudadanos estadounidenses, y un 39% tiene entre 24 y 34 años.

“[Los] políticos estadounidenses tendrían que preguntarse si no vale la pena revisar la forma como se venden las armas en EE.UU. para prevenir que sean traficadas”, expuso Celorio.

Las productoras “no tienen inmunidad”

El Centro Legal GIFFORDS, una organización que lucha contra la violencia con armas en EE.UU., lamentó la decisión de la Corte Suprema sobre el caso Smith & Wesson Brands, Inc. versus Estados Unidos Mexicanos, ya que fue de los grupos que presentó un ‘amicus curiae’ o documento amigos de la corte con argumentos a favor de los demandantes.

“La decisión de hoy pone fin a la demanda de México contra la industria armamentista, pero no afecta nuestra capacidad ni nuestra determinación de exigir responsabilidades a quienes infringen la ley”, declaró David Pucino, director jurídico y asesor jurídico adjunto del Centro Legal GIFFORDS. “Los jueces no otorgaron a la industria armamentista la amplia inmunidad que buscaban. En cambio, reafirmaron que las víctimas de la mala conducta de la industria armamentista pueden exigir responsabilidades ante los tribunales a quienes infringen la ley”.

Pucino consideró que las víctimas de la violencia con armas tienen posibilidad de presentar reclamos contras las productoras.

“Todos los sobrevivientes, en Estados Unidos, en México y en cualquier otro lugar, merecen su día en los tribunales, y seguiremos apoyándolos en su lucha por la justicia”, indicó.

Nick Wilson, director sénior de prevención de la violencia armada del Center for American Progress, lamentó también la decisión del Máximo Tribunal, aunque celebró que las productoras no tengan completa impunidad.

“Las mismas prácticas peligrosas e irresponsables de la industria de armas de fuego, que alimentan la violencia y la inestabilidad en México y Centroamérica, también contribuyen a que las armas de fuego sean la principal causa de muerte entre niños y adolescentes estadounidenses”, dijo. “Afortunadamente, el tribunal rechazó la solicitud de la industria de armas de eximir a los fabricantes y vendedores de armas de fuego de prácticamente toda responsabilidad, incluso cuando actúan ilegalmente”.

Wilson hizo un llamado a que el Congreso deroge la PLCAA y refuerce normas contra el tráfico de armas.

Con información de la Opinión.