Cuauhtémoc Estrada impulsa transparencia y solicita a la UACH rendición de cuentas sobre arrendamiento de inmuebles

Por: La Redacción.

Chihuahua, Chih., a 31 de enero del 2026.- La Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) se encuentra en el centro de una controversia significativa tras negarse a proporcionar detalles sobre los ingresos obtenidos por el alquiler de sus inmuebles. Este tema ha generado un debate sobre el equilibrio entre la autonomía universitaria y la obligación de rendir cuentas a la sociedad.

El diputado Cuauhtémoc Estrada Sotelo, coordinador de la bancada de Morena, ha sido una figura clave en la denuncia pública de esta situación. Estrada Sotelo argumenta que, si bien la autonomía universitaria es fundamental y debe ser respetada, esta no debería ser utilizada como un escudo para evitar la transparencia financiera. Según él, es esencial que los recursos obtenidos por la universidad a través de la renta de sus inmuebles se utilicen para el propósito principal de la institución: la formación profesional de los estudiantes.

La exigencia de transparencia surge de inquietudes planteadas por exalumnos, estudiantes y padres de familia. Ellos demandan claridad sobre cómo se utilizan los recursos generados por el alquiler de propiedades para eventos masivos, conciertos, y otras actividades culturales o artísticas. La solicitud incluye un listado de los inmuebles de la UACH, el número de propiedades arrendadas, y los montos percibidos por estas actividades.

La UACH ha respondido a las solicitudes de información alegando que no está obligada a divulgar estos detalles, citando su autonomía como justificación. Esta posición ha generado críticas por parte de aquellos que ven en esta negativa un intento de ocultar información que debería ser pública.

Estrada Sotelo ha advertido que no permitirá que el asunto quede en un simple intercambio de oficios. Planea utilizar el Artículo 66 de la Constitución del Estado para exigir que la UACH rinda cuentas. Este artículo faculta al Congreso para llamar a cuentas a las entidades públicas, lo que podría resultar en una intervención legislativa si la universidad continúa resistiéndose a la transparencia.