Expulsados a punta de cronómetro: El narco impone ultimátum en Atascaderos ante la indolencia estatal

Por: Sandra Dueñes Monárrez

Chihuahua, Chih., a 26 de febrero del 2026.-  No es una migración, es un destierro. En el corazón del Triángulo Dorado, donde la geografía es tan accidentada como la ley, se está gestando una de las crisis humanitarias más graves de la historia reciente. La región de Guadalupe y Calvo, específicamente el seccional de Atascaderos, se ha convertido en el epicentro de un nuevo éxodo provocado por el terror de las balas.

La realidad de lo ocurrido en Atascaderos es mucho más siniestra de lo que las carpetas de investigación se atreven a registrar. Testimonios recabados desde el corazón de la zona de conflicto confirman que la huida de las familias no fue una decisión al azar, sino una orden directa de los sicarios.

«Nos dijeron cuándo y a qué hora teníamos que salir de Atascaderos. La instrucción fue clara: si hacían caso omiso, empezarían a disparar contra las familias», relató una familia que tuvo que tomar unas cuantas cosas y armar una maleta apresurada para intentar salvar la vida.

Los grupos criminales no solo tomaron el territorio, sino que se adueñaron del tiempo y la vida de la población, imponiendo plazos de salida bajo amenazas de muerte. Bajo este escenario, la declaración del secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, asegurando que las familias abandonan sus hogares «por su voluntad», no solo resulta indolente, sino que denota una ceguera voluntaria ante el terror.

Los habitantes no «abandonaron» sus hogares; fueron expulsados a punta de cronómetro por comandos armados que actúan con la confianza de quienes saben que la autoridad llegará, si acaso, cuando el pueblo ya sea un fantasma. En la Sierra Tarahumara, hoy el costo de la vida se mide en la velocidad con la que una madre puede empacar lo básico en una bolsa de plástico antes de que los fusiles llamen a su puerta.

La pesadilla inició con el estruendo de las granadas y ráfagas de «cuerno de chivo» en El Ocote. Al día siguiente, el horror cobró la vida de un rostro infantil: A.R.N., un adolescente de apenas 14 años, fue acribillado en Atascaderos. Este asesinato fue el «tiro de gracia» para la paz social. Los ataques no fueron aleatorios: el domicilio de Otoniel Herrera, comisariado ejidal de Redondeados, fue reducido a escombros. La orden fue tajante: o te unes, o te vas, o mueres.

Para el activista Gabino Gómez Escarcega, la postura del Gobierno es una muestra de «ceguera institucional». «Con esa miopía ven el desplazamiento forzado. ¿Qué podemos esperar? Absolutamente nada, si acaso algunas migajas», recriminó Gómez. Mientras el Estado se limita a levantar listas, es la sociedad civil, a través del CEDEHM y colectivos ciudadanos, quien realmente atiende la emergencia con donaciones de ropa y alimentos.

El motivo del éxodo no es solo el miedo a las balas, sino el reclutamiento forzado. Los grupos armados han comenzado a «cazar» hombres, jóvenes y adultos, para integrarlos a sus filas. Ante la negativa de convertirse en carne de cañón, los padres de familia han optado por la huida. Sin embargo, la seguridad no termina en el exilio: «Los hombres se dispersaron porque la amenaza de los cárteles es que los irán a buscar a donde se encuentren», reveló el activista.

El control de los cárteles ha llegado a la asfixia logística: en Atascaderos ya no hay gasolina y los precios de los productos básicos se han disparado debido al control de las rutas de suministro. Es una estrategia de asedio para hacer la vida insostenible.

Resulta indignante que la respuesta estatal sea una «pequeña despensa y una cobija» para, como dice el dicho popular, «taparle el ojo al macho». Decir que la gente se va «porque quiere» es insultar la memoria del niño asesinado y el dolor de quienes hoy duermen en el suelo en municipios extraños.

En Chihuahua, el Gobierno no solo ha perdido el control del territorio serrano; ha perdido la brújula moral. Se rehúsan a llamar a las cosas por su nombre porque reconocer el desplazamiento es admitir que han fallado en su tarea primordial: proteger la vida. Mientras el Secretario General de Gobierno sigue viendo el mundo a través de los cristales de su oficina en el Palacio, las comunidades se desangran hasta quedar vacías. El «pueblo» de los discursos electorales hoy viaja en la caja de una pick-up, huyendo de una muerte que el Estado jura que no existe.