Encubrió la Operación Justicia para Chihuahua desvío de 171 mdp en Chihuahua

Por: La Redacción

Chihuahua, Chih., a 11 de marzo del 2026.- Lo que se presentó como la mayor cruzada contra la corrupción en la historia reciente de Chihuahua, la llamada «Operación Justicia para Chihuahua», enfrenta hoy una de sus sombras más densas. La Fiscalía Anticorrupción del Estado (FACH) ha denunciado formalmente un presunto esquema de «Encubrimiento por Favorecimiento» que habría permitido la prescripción de delitos y el desvanecimiento de una responsabilidad resarcitoria por 171 millones 472 mil pesos.

De acuerdo con el titular de la FACH, Abelardo Valenzuela Holguín, la estrategia consistió en mantener 23 carpetas de investigación en un estado de letargo procesal. Estos expedientes, integrados entre 2018 y 2020 a partir de denuncias de la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Secretaría de la Función Pública, involucraban directamente al exsecretario de Hacienda Estatal de la administración de César Duarte.

Bajo la figura de «testigo protegido», el exfuncionario habría negociado su inmunidad a cambio de testimonios clave para los procesos del sexenio pasado. Sin embargo, la denuncia actual señala que esta protección fue más allá de lo legal: se dejó morir deliberadamente el reloj procesal hasta que la acción penal caducó.

«¿Fue la Operación Justicia para Chihuahua una herramienta de persecución selectiva?», cuestionó Valenzuela Holguín durante la presentación de la denuncia de hechos ante la Fiscalía General del Estado. El fiscal fue enfático al señalar que el rezago de estas 23 carpetas no obedeció a una falta de capacidad técnica o humana, sino a una decisión institucional para blindar a quienes servían para armar los expedientes políticos de la época.

El análisis tecnológico realizado por la FACH refuerza esta hipótesis, sugiriendo que la «congeladora» fue utilizada como una moneda de cambio en las negociaciones de más alto nivel.

Para la Hacienda Pública de Chihuahua, el resultado es irreversible. Debido a la prescripción de las causas, los más de 171 millones de pesos señalados en los desvíos originales ya no pueden ser recuperados por la vía penal de los responsables señalados en aquellas carpetas.

Mientras el estado enfrenta retos financieros y una deuda pública persistente, este hallazgo pone en tela de juicio la legitimidad de los procesos de justicia del pasado, sugiriendo que la impunidad de unos fue el precio que el estado pagó por el castigo de otros.