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Chihuahua

Busca Leticia Ortega garantizar progresividad del presupuesto para grupos vulnerables en 2024

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Por: La Redacción.

Chihuahua, Chih, 21 noviembre 2023. La diputada de morena Leticia Ortega Maynez presentó una proposición para exhortar a la gobernadora María Eugenia Campos Galván y al Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo Vázquez, para que en el presupuesto de egresos del 2024 se garantice la progresividad en favor de los programas destinados a la protección de los derechos humanos de mujeres, niñas, niños y adolescentes, víctimas del delito, pueblos y comunidades indígenas y afrodescendiente, personas migrantes y personas con discapacidad.

A nombre de la bancada morenista, la diputada destacó que el principio de progresividad de los derechos humanos se relaciona no sólo con la prohibición de la regresividad del disfrute de los derechos fundamentales, sino también con la obligación positiva de promoverlos de manera progresiva y gradual.

En este sentido, recordó que en 2022 se aprobó un presupuesto regresivo dirigido a programas de apoyo a grupos en situación de vulnerabilidad, mientras que en 2023 se asignaron grandes cantidades de recursos a proyectos que beneficiaron a empresarios o particulares, y que se llevaron a cabo en la opacidad.

“En Chihuahua actualmente tenemos un problema grave de desnutrición infantil en la Sierra; un aumento en la violencia contra las mujeres y una falta de capacidad en su atención y acceso a la justicia; la falta de una pensión universal para personas con discapacidad que abarque de los 30 a los 64 años; la negativa de llevar a cabo programas para atender a las y los migrantes que transitan por el Estado y llegan a las ciudades fronterizas; la resistencia de brindar atención médica de calidad a mujeres, niñas y adolescentes en temas sexuales y reproductivos, entre otros muchos temas”, mencionó la legisladora.

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Finalmente la diputada, reiteró la necesidad de atender las obligaciones que como Estado se deben adoptar en el tema de Derechos Humanos y proporcionar seguridad jurídica a los beneficiarios de los programas presupuestarios con un gasto programable superior al año inmediato anterior.

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