Algunos migrantes detenidos en Guantánamo son custodiados por militares

Aunque el gobierno de EE. UU. ha dicho que los detenidos están legalmente bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, son vigilados por soldados.

Decenas de migrantes venezolanos enviados por el gobierno de Trump a la base militar estadounidense de la bahía de Guantánamo en Cuba están siendo custodiados por soldados y no por funcionarios civiles de inmigración, según personas familiarizadas con la operación.

Aunque el gobierno de Trump ha presentado a los detenidos como legalmente bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, los guardias militares y médicos están haciendo el trabajo, dijeron estas personas.

El gobierno de Trump no ha revelado los nombres de los migrantes, aunque al menos dos han sido identificados por sus familiares a través de fotografías publicadas del primer vuelo.

Al no revelar la identidad de los migrantes, el gobierno ha impedido que sus familiares sepan dónde están recluidos y ha complicado los esfuerzos de los abogados por impugnar su detención.

Los portavoces de los Departamentos de Seguridad Nacional y Defensa se han negado o no han podido responder a preguntas detalladas sobre lo que está ocurriendo con los migrantes en la base.

Pero The New York Times ha obtenido los nombres de 53 hombres que están recluidos en el Campo 6, un edificio penitenciario donde hasta hace poco el ejército recluía a sospechosos de Al Qaeda. El Times ha publicado la lista.

Una semana después de la llegada de los 10 primeros hombres detenidos en Texas, se desconocen los detalles de su situación. Los funcionarios de los Departamentos de Defensa y Seguridad Nacional han dicho poco sobre ellos, aparte de su nacionalidad. También han descrito a algunos como miembros de bandas, sin ofrecer pruebas.

El miércoles, Tricia McLaughlin, portavoz de Seguridad Nacional, dijo que la agencia había enviado a casi 100 personas a Guantánamo y que cada una de ellas tenía una orden de deportación definitiva. Se consideraba que todos ellos habían “cometido un delito al entrar ilegalmente en Estados Unidos”, y en el grupo había “miembros violentos de bandas y otros extranjeros ilegales de alto riesgo”, dijo.

No todos los inmigrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) entraron ilegalmente en Estados Unidos. Algunos, por ejemplo, solicitaron asilo en la frontera, pero finalmente les fue denegado. El gobierno no aportó pruebas de que todos los hombres llevados a Guantánamo hubieran cruzado la frontera de manera furtiva.

El gobierno ha llevado periódicamente a Guantánamo a migrantes recogidos en el mar para ser procesados. Pero nunca ha llevado a un centro de detención estadounidense en el extranjero a personas que ya estaban detenidas en suelo estadounidense y que, por tanto, tienen derechos constitucionales, aunque estuvieran en el país ilegalmente.

No obstante, ya surge una imagen de la operación de Guantánamo a medida que los guardias militares y los médicos se afanan por averiguar cómo retener a decenas de migrantes. Anteriormente, las tropas habían ayudado a manejar a los detenidos de la base en la guerra contra el terrorismo, cuyo número se ha reducido ahora a 15 tras los traslados realizados a finales del gobierno de Biden.

Ocho personas describieron las operaciones con migrantes en Guantánamo. Todas hablaron bajo condición de anonimato porque discutían información sensible sobre operaciones de seguridad en curso en una zona militar.

Una persona familiarizada con la operación dijo que el Campo 6 está en mal estado, con duchas y puertas rotas y otros equipos defectuosos que hacen que partes del mismo sean inutilizables. Esta persona también dijo que solo dos funcionarios del ICE trabajaban en el interior del Campo 6.

El gobierno de Trump ha comunicado a los miembros del Congreso que solo seis funcionarios del ICE trabajan en la operación de detención de migrantes, según varias personas familiarizadas con una reunión informativa.

Se informó a los congresistas de que el edificio de la prisión tiene 176 celdas, pero solo tiene capacidad para 144 hombres. No quedó claro si eso significaba que 144 celdas están en condiciones de funcionar, o si se refería a la posibilidad de alojar a dos hombres en cada una de las 72 celdas, utilizando catres.

Dos personas con conocimiento de las operaciones penitenciarias dijeron que los detenidos están siendo alimentados con raciones militares preenvasadas conocidas como MRE, o Meal ready-to-eat (comida lista para comer).

El criterio para el traslado a Guantánamo es que los venezolanos se encuentren actualmente bajo custodia de ICE, se les dijo al personal del Congreso. Las personas de esa categoría han sido difíciles de deportar en los últimos años debido a la ruptura de las relaciones diplomáticas, aunque Venezuela envió dos vuelos para recoger a algunos de sus ciudadanos que iban a ser deportados esta semana.

Hasta el martes, el ICE había enviado a un total de 98 hombres a Guantánamo, según varias personas que llevan la cuenta de los vuelos desde El Paso a la base de la Marina en el sureste de Cuba. De ellos, 53 estaban recluidos en el Campo 6 y custodiados por militares.

El presidente Trump ha calificado a los posibles deportados de “extranjeros criminales” y funcionarios de su gobierno los han presentado como asociados de la banda delictiva del Tren de Aragua. Pero los funcionarios no han dicho en qué se basa esa acusación para cada hombre, y el Times no pudo verificar de forma independiente las afirmaciones.

El martes, los otros 45 migrantes estaban recluidos en un edificio de menor seguridad situado al otro lado de la base. Sus guardias son miembros de la Guardia Costera, que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional, dijo McLaughlin. Los nombres de estos migrantes no figuraban en la lista obtenida por el Times.

El Comando Sur de Estados Unidos, que gestiona la prisión antiterrorista, ha estado enviando personal y dotación de apoyo a la base desde que el 29 de enero Trump ordenó al ejército y a Seguridad Nacional que se preparasen para ampliar un centro de operaciones para migrantes en Guantánamo “para extranjeros delincuentes de alta prioridad presentes ilegalmente en Estados Unidos”.

No se sabe si los guardias del Campo 6 serán reemplazados o reforzados con personal de seguridad del Departamento de Seguridad Nacional, ni cuándo. Mientras tanto, la operación penitenciaria del Pentágono, que cuenta con lingüistas de lengua árabe en su plantilla para los detenidos en la guerra contra el terrorismo, publicó un anuncio urgente llamado “hot fill” o de reclutamiento urgente, en busca de un intérprete de lengua española en la Marina para trabajar durante 182 días en la prisión.

El miércoles, un grupo de organizaciones de asistencia jurídica demandó al gobierno de Trump, pidiendo que se diera acceso a abogados a los migrantes que habían sido llevados a Guantánamo para ver si querían representación legal para impugnar su detención en la base. Entre los demandantes había también familiares de tres detenidos en la base, quienes dijeron que habían perdido el contacto con esos hombres y estaban profundamente preocupados por ellos.

Dos de los migrantes citados en la demanda, Luis Alberto Castillo Rivera y Tilso Ramon Gomez Lugo, figuraban en la lista de los 53 que estaban recluidos en el Campo 6. Sus familiares dijeron haberlos reconocido por las fotografías difundidas durante las operaciones de traslado del gobierno.

La Corte Suprema ha dictaminado que el gobierno tiene autoridad legal para recluir indefinidamente en Guantánamo a sospechosos de pertenecer a Al Qaeda, en virtud de una ley aprobada por el Congreso que autoriza el uso de la fuerza militar contra los autores de los atentados del 11 de septiembre.

Pero no está claro qué autoridad legal tiene el gobierno de Trump para retener en Guantánamo a personas detenidas en Estados Unidos por motivos de inmigración.

“Cuando son detenidos en Estados Unidos, los inmigrantes detenidos tienen derecho a acceder a un abogado”, decía una solicitud de orden judicial que acompañaba a la demanda. Y añadía: “El gobierno no puede eviscerar esos derechos simplemente creando un agujero negro legal en una isla de Cuba”.