Los menores que enfrentan sin abogados sus casos de migración ante tribunales en EU

Por: La Redacción.

Ciudad de México., a 7 de abril del 2025.- La jueza Olga Attia pide un libro para colorear. “Así puede que sea más entretenido”, le dice a la niña de cinco años que tiene sentada delante y que enfrenta un procedimiento de deportación en el Tribunal de Migración de San Diego, en California (Estados Unidos).

Llegó al país desde México en marzo de 2024, sin padres ni adultos responsables, junto a su hermana de 13 años y su hermano de 15, y fueron detenidos por cruzar la frontera de forma irregular.

Mientras la menor pinta, la magistrada se esfuerza para que le explique su caso.

Y es que tiene navegar el laberinto jurídico sola, sin abogado, explica su madre, quien emigró a EE.UU. en otro momento y está presente en la audiencia. “No podemos permitírnoslo”, le dijo a la agencia AP.

Attia sugiere una organización que los podría orientar y fija otra audiencia para mayo.

Otros 26.000 niños podrían acabar en esa misma situación que ya hoy enfrentan cientos de menores: tener que defender sus casos migratorios por su cuenta.

Y es que el pasado 21 de marzo el gobierno estadounidense canceló los contratos que tenía con decenas de organizaciones que ofrecen representación legal a menores no acompañados —inmigrantes de menos de 18 años que atravesaron la frontera sin padres o tutores—, una decisión bloqueada ahora hasta el 16 de abril por una jueza federal.

Procedentes de Centroamérica la mayoría, pero también originarios de otros países de América Latina o de fuera del continente, muchos no entienden inglés. Otros son bebés de meses que ni siquiera han aprendido a hablar.

“Es como quitarles el paracaídas antes de lanzarlos del avión”, le dice a BBC Mundo Jonathan D. Ryan, desde cuya firma Advokato defiende a 50 de ellos en el estado de Texas.

“Soy abogado, estudié en la facultad de Derecho y llevo 20 años especializado en inmigración, y aun así cada caso me parece un desafío; a cada solicitud de asilo le dedico unas 100 horas de trabajo”, explica.

“Así que la idea de que cualquier persona, ya no digamos un niño, puede armar un caso y presentarlo de manera efectiva ante un juez de inmigración con un fiscal muy preparado, bien pagado y altamente motivado que litiga contra él no solo es falsa; es realmente una expresión de crueldad”, asegura.

Ryan, como otros letrados que conversaron con BBC Mundo, evalúan ahora cuáles son sus casos más urgentes y sopesan cuántos podrán asumir pro bono (de forma gratuita y voluntaria), sin descuidar sus deberes éticos y lo que dicen las reglas de conducta profesional.

Y lo hacen sabiendo que podrían enfrentar repercusiones legales si es que deciden continuar con los litigios en contra del gobierno para que sus clientes permanezcan en territorio estadounidense.

“Tiene derecho a un abogado. Si no puede pagarlo, se le asignará uno de oficio”, son dos frases típicas de las películas y series estadounidenses.

En la realidad, en EE.UU. esa obligación de ofrecer representación legal sin costo sólo atañe a los procesos penales, y los casos migratorios se dirimen en tribunales civiles.

La Ley de Protección Niños Extranjeros no Acompañados aprobada por el Congreso en 2005 con apoyo bipartidista estableció algunas garantías para los más vulnerables ante el enredado sistema migratorio.

Además de impedir que los menores migrantes sean llevados a los mismos centros de detención que los adultos o delincuentes juveniles, decreta que no deberían ser expulsados a su país de origen o de última residencia “si su vida o seguridad corre allí peligro”.

Y su sexto artículo reza que se tendría que asegurar que aquellos bajo custodia del gobierno tengan acceso a asesoría y representación legal “competente”, a través de organizaciones sin fines de lucro subcontratadas o agencias privadas con “experiencia relevante” con niños migrantes, “en la mayor medida de lo posible”.

Ese último es un matiz que también recoge la Ley de Reautorización de Prevención y Protección de las Víctimas de la Trata de Personas de 2008, que señala que los menores vulnerables deben tener acceso defensa legal.

Hoy por hoy la entidad contratada para proporcionar esa defensa es el Centro Acacia para la Justicia. Lo hace a través de su red de proveedores, formada por más de 90 organizaciones y despachos de abogados de todo el país.

Con US$200.000 anuales procedentes de fondos federales, ofrece representación legal a 26.000 menores y orientación e información sobre sus derechos y otra asistencia a un total de 100.000.

Se trata de un programa quinquenal, aunque al final de cada año el gobierno puede decidir si renueva o no el contrato.

Ya el 18 de febrero la administración Trump había emitido una orden para que las organizaciones implicadas suspendieran la representación legal, echándose atrás tres días después.

La noticia de la rescisión del contrato llegó el 21 de marzo, apenas ocho días antes de la fecha en la que debía ser extendido. Una copia de la carta de cancelación obtenida por AP dice que se tomó la decisión de terminar el acuerdo “por conveniencia del gobierno”, según informó la agencia.

BBC Mundo solicitó su versión al Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., a cuyo cargo están los menores migrantes, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta.

Restablecimiento temporal

Sin embargo, después de que 11 de las organizaciones subcontratadas presentaran una demanda, el 1 de abril una jueza federal de California ordenó al gobierno de Trump restablecer temporalmente la asistencia.

Araceli Martínez-Olguín, jueza de distrito de San Francisco, escribió en su resolución que los demandantes plantearon preguntas legítimas sobre si la administración había violado la ley de 2008, lo que justificaba el retorno al statu quo mientras el caso avanza.

“El tribunal, además, considera que el financiamiento continuo de la representación legal para menores no acompañados promueve la eficiencia y la equidad dentro del sistema migratorio”, agregó.

La orden entró en vigor ese mismo día y estará vigente hasta el 16 de abril.

La decisión de suspender la financiación a estas organizaciones surge en medio de informes que indican que la administración Trump pretende rastrear a los niños migrantes no acompañados para garantizar que comparezcan ante un tribunal de inmigración o, si se emite una orden final de expulsión, para que sean deportados.

Así lo reportó la agencia Reuters en enero, citando un memorando interno del Servicio de Aduanas y Seguridad Fronteriza (ICE, por sus siglas en inglés) al que había tenido acceso y que detallaría las fases en las que se pretendería llevar a cabo el esfuerzo.

Tom Homan, nombrado por Trump como “zar fronterizo” y encargado de su plan de deportación, ha afirmado que la administración Biden le perdió el rastro a 300.000 niños migrantes que ingresaron a Estados Unidos solos, aunque abogados de inmigración y grupos de derechos humanos lo refutan.

“No están perdidos. Se ha reunificado con familiares o patrocinadores. Los trabajadores sociales y la Oficina de Reubicación de Refugiados — la entidad dependiente del Departamento de Salud y Servicios Humanos que queda a cargo de ellos cuando son detenidos— saben dónde están esos niños”, asegura Ryden.

“Pero incluso si aceptamos el argumento de Tom Homan, si hay una manera de garantizar que los niños no se pierdan, sean explotados o víctimas de trata, es proporcionarles abogados que les den esperanza y protección para que puedan defender sus casos”.

Sin abogados, sin opciones

La cifra de menores que cruzaron la frontera entre México y EE.UU. solos fue en aumento año con año en la última década, hasta alcanzar un pico de 128.000 en 2022, de acuerdo a los datos oficiales del gobierno.

La administración previa, encabezada por el presidente demócrata Joe Biden, amplió el acceso a servicios legales para estos menores no acompañados.

Así en el año fiscal 2024 casi dos tercios de ellos contaron con un abogado que defendiera sus casos, según las estadísticas de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) del Departamento de Justicia, la agencia que administra los tribunales de inmigración de EE.UU.

Los menores no acompañados pueden lograr permanecer en territorio estadounidense mediante la obtención de un estatus especial de inmigrante juvenil, si pueden demostrar que fueron víctimas de abuso, abandono o negligencia; con asilo, si consiguen probar que fueron perseguidos en su país de origen; o por medio de protección para sobrevivientes de delitos o trata de personas.

Pero esos “alivios migratorios”, tal como se conocen en la jerga del sector, son casi imposibles de alcanzar sin la ayuda de un letrado, coinciden los expertos consultados por BBC Mundo.

Además, de acuerdo a un análisis hecho en base a los datos de la EOIR obtenidos por la Universidad de Siracusa (Nueva York), la asistencia a las audiencias de aquellos niños que cuentan con abogado es del 95%, mientras que la de los que no tienen representación legal es apenas del 33%.

Y en los últimos años miles de migrantes que no han comparecido a sus citas ante el juez han terminado deportados.

“Podrán decir que son demasiados casos para asumirlos, pero Estados Unidos tiene los recursos y la capacidad de pagar por la representación legal de cada niño que enfrente un procedimiento de deportación”, asegura Ryan.

“Gastamos cientos de miles de dólares en el enjuiciamiento de estos niños: los jueces ganan desde US$130.000 hasta casi US$200.000, los fiscales del Departamento de Seguridad Nacional otro tanto, están los intérpretes, los secretarios judiciales, el costo de la sala del tribunal… De todos los presentes el que menos cobra es el abogado defensor del niño, y es lo menos que podemos hacer”, subraya.

“Porque ante la perspectiva de ir solo a juicio y la realidad de lo que eso implica, probablemente muchos niños ni siquiera comparecerán por miedo, intimidación y desesperanza”, añade.

“¿Qué le digo a mi clienta de 2 años?”

“¿Cómo le digo a mi clienta de dos años que se tiene que defender sola?”, se preguntaba Daniela Hernández Chong Cuy sobre uno de los 83 menores que su despacho en Los Ángeles representa cuando supo de la primera orden del gobierno en febrero.

En realidad, es un caso que va de la mano de otro que también tiene a su cargo, le explica a BBC Mundo.

Y es que ofrece asistencia a la niña y a su madre, quien también es menor de edad.

“La mamá salió embarazada de su país de orígen y la bebé nació en la ruta hacia Estados Unidos, en México. Cuando se apersonaron en la frontera, una tenía 15 años y la otra un mes”, recuerda.

Primero fueron llevadas a un albergue de menores, y después de que los trabajadores del caso determinaran que no tenían a nadie en EE.UU. que se hiciera cargo de ellas, las remitieron a un programa de hogares de acogida.

“A pesar de ser una unidad familiar, siendo de nacionalidad distinta, al tener distintas historias de vida y distintas historias de abandono —en el caso de la bebé, abandono por parte del papá, en caso de la mamá, como niña que es, abandono por parte de ambos progenitores y también negligencia y maltrato—, podrían acceder a quedarse en EE.UU. por caminos legales distintos”, explica.

“La mamá, además, sufrió persecución en su país de origen y una depresión posparto muy seria”, añade.

Pero sin una abogada que vele por sus intereses, duda que puedan lograrlo. “Se tienen que presentar a corte, decidir si van a buscar alivio migratorio, dar respuesta a los cargos que se les señalan cuando se les hace el citatorio…”, repasa.

No es el único caso complejo que tiene entre manos, admite.

“Tenemos menores de África occidental, clientes de Afganistán, de países latinoamericanos que son de pueblos indígenas y no hablan español, por lo que necesitamos trabajar con intérpretes y aún así nos encontramos con una variedad de barreras”, cuenta.

Cuando BBC Mundo volvió a hablar con ella tras la orden del 21 de marzo, la encontró “en fase de diagnóstico” de sus casos.

“Estoy viendo en qué etapa procedimental están, a cuáles les falta presentar aplicaciones, cuáles tienen corte establecida y en los próximos meses, quiénes están a punto de cumplir la mayoría de edad, cuáles son los expedientes más sensibles y que requieran atención inmediata”, explicó.

“Veintipico de mis casos son menores en custodia federal, y esos son prioridad. Pero ¿nos van a permitir acceso a ellos? Está por verse”, apuntaba y añadía que también quería consultar la situación con una abogada de ética profesional.

Al sopesar el panorama, los letrados tienen otro elemento a tener en cuenta: un memorando de la Casa Blanca fechado ese mismo 21 de marzo y titulado “Prevenir el abuso en el sistema legal y en los tribunales federales”.

“El sistema de inmigración está repleto de comportamientos sin escrúpulos de abogados y despachos”, señala el texto. “El colegio de abogados y los letrados sin fines de lucro frecuentemente aconsejan a sus clientes ocultar el pasado o mentir al hacer sus solicitudes de asilo”, añade.

Con el documento de cinco páginas, Trump instruye a su fiscal general, Pam Bondi, a “revisar la conducta” de todo aquel despacho y abogado que haya demandado al gobierno federal en los últimos ocho años.

De encontrar pruebas de lo que denominan “malas conductas”, se tomarán medidas: desde la cancelación de contratos hasta la pérdida de accesos de seguridad para litigar y otras sanciones sin especificar.

Para Ryan, todo ello no hace más que alimentar una cierta narrativa.

“Pero cualquier persona que se acerque a una de estas salas y observe en el banquillo de los acusados a un niño cuyos pies ni siquiera tocan el suelo sabrá en el fondo de su corazón, sea cual sea su inclinación política, que alguien debería estar sentado a su lado”.

Con información de la BBC News Mundo.