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Chihuahua

Otra ocurrencia en el Congreso. Por ignorancia, una diputada propone lo que ya existe en la ley

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Por: Sandra Dueñes Monárrez.

Chihuahua, Chih., a 24 de septiembre del 2024.- La diputada local por Morena, Edith Palma Ontiveros exhortó al Gobierno del Estado de Chihuahua a destinar dentro de su presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del 2025 la contratación de interpretes o traductores para garantizar el derecho a la justicia a personas que no hablen el idioma castellano.

Sin embargo, desde el 2006, el código de procedimientos penales del estado de Chihuahua en el Artículo 24 considera como un derecho de las personas a un interprete o traductor en el caso de no hablar el castellano.

Por lo que, en el caso del Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua desde el 2022 se llevó a cabo la creación del Instituto de Personas Intérpretes y Traductoras que brinda el servicio de traducción tanto en lenguas originarias del estado de Chihuahua como de otras regiones del país como el Mazahua, Mizteco entre otros.

Asimismo debido al flujo de personas migrantes en su paso por el estado, el STJ ha logrado la contratación de interpretes especializados en alemán bajo, inglés y lengua mexicana de señas, incluso en dialectos haitianos se estableció un enlace para poder atender a personas de este grupo etario.

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Mientras que en el caso de la Fiscalía General del Estado esta dependencia “no cuenta con traductores ó interpretes, ya que estos corresponden a la Defensoría Pública del Poder Judicial quien es la responsable de impartir justicia.

Cabe destacar que este exhorto realizado el día de ayer 24 de septiembre en sesión de la Sexagésima Legislatura ya fue presentado el año pasado por la diputada America García Soto, quien al igual de Edith Palma Ontiveros exhortó al Gobierno del Estado a la contratación de traductores para garantizar el acceso a la justicia de personas que no hablan el castellano o español.

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Responsabilizan productores a la Sader de la falta de pago de apoyos para el campo Por: Sandra Dueñes Monárrez. Chihuahua, Chih., a 20 de diciembre del 2024.- Jesús Emiliano García, líder de la Unión Democrática Campesina (UCD) responsabilizó a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), de la retención de apoyos del programa Producción para el Bienestar los cuales ascienden a 460 millones 190 mil pesos en beneficio de 52 mil productores solo del estado de Chihuahua. Entre protestas y reclamos los campesinos del estado de Chihuahua y de otras entidades federativas han estado reclamandole al Gobierno Federal por el pago de este apoyo económico a productores de pequeña o mediana escala, preferentemente de granos (maíz, frijol, trigo, arroz, amaranto, chía, entre otros), así como caña de azúcar, café, cacao, nopal o miel. Es en este sentido que, Jesús Emiliano García responsabilizó a la Sader y a la Secretaría de Hacienda Federal de no cumplir con lo establecido en los líneamientos de este programa, pues además de la falta de recursos, los productores del estado de Chihuahua han sido golpeados de distintas maneras, tanto por la sequía como por la falta de apoyos que garanticen la supervivencia del campo. “La Sader es la responsable de emitir ese apoyo a los productores, porque ellos son ejecutores y ellos hacen una planeación de ejecución de recursos y el otro responsable es la Secretaría de Hacienda Federal, es quien nos tiene que decir a dónde lo mando y si lo va a pagar o no”, recriminó el líder de la UCD. Es importante destacar que a nivel nacional, la Sader tiene un adeudo de mil 482 millones 986 mil 800 pesos para un universo de 176 mil 563 productores, principalmente en siete entidades entre las cuales se destaca Chihuahua con 52 mil beneficiarios; en Sinaloa, casi 37 mil; en Nayarit, 29 mil 500; en Tlaxcala, 21 mil; en Querétaro, 16 mil 700; en Coahuila, 10 mil 600; en Sonora, 5 mil 900, y en otras entidades, 4 mil 300. Y aunque existe la promesa de pago de estos recursos por parte del titular de la Sader, Julio Berdegué, quien se comprometió que a partir del 24 de diciembre comenzarán a realizar los pagos pendientes, aún existe la incertidumbre por parte de los productores, pues de tratarse de un recurso presupuestado, la pregunta es porque no se pagó a tiempo.

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