México señala en la Corte Suprema de EE. UU. a los fabricantes de armas como culpables de la violencia de los cárteles

The New York Times

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, observaba cómo se destruía un arma en Ciudad de México en enero. El gobierno hizo un llamado para que los mexicanos entregaran sus armas de fuego y municiones a cambio de dinero en efectivo. (Luis Antonio Rojas/The New York Times)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, observaba cómo se destruía un arma en Ciudad de México en enero. El gobierno hizo un llamado para que los mexicanos entregaran sus armas de fuego y municiones a cambio de dinero en efectivo. (Luis Antonio Rojas/The New York Times)

La disputa se centra en si México puede responsabilizar a los fabricantes estadounidenses de la violencia armada y se produce en medio de las crecientes tensiones entre los países.

La presidenta de México lanzó una advertencia el mes pasado en respuesta a la noticia de que el gobierno del presidente Donald Trump planeaba designar a los cárteles de la droga como grupos terroristas.

“Si llegaran a decretar a grupos de la delincuencia organizada como ‘terroristas’, pues tendríamos que ampliar la demanda en Estados Unidos”, dijo Claudia Sheinbaum, mandataria de México, en una conferencia de prensa.

Se refería a una demanda inusual que será analizada por la Corte Suprema de Estados Unidos el martes, en la que México argumenta que los fabricantes de armas estadounidenses han ayudado en el tráfico de armas utilizadas por los cárteles.

El caso revierte las antiguas quejas del presidente Trump de que los cárteles mexicanos han contribuido al aumento de la violencia en Estados Unidos. En cambio, México sostiene que la mayoría de las armas encontradas en escenarios de crímenes mexicanos proceden de Estados Unidos. Solicita unos 10.000 millones de dólares por daños y perjuicios a los fabricantes de armas estadounidenses.

El litigio se presenta ante los jueces en un momento de gran tensión entre ambos países, ya que el gobierno de Trump se apoya en México para tomar medidas enérgicas contra la inmigración ilegal y las organizaciones de cárteles. Está previsto que los aranceles sobre los productos importados de México entren en vigor el martes, el mismo día en que los jueces examinarán la demanda sobre las armas.

El presidente Trump ha mencionado el tráfico de drogas procedente de México como uno de los factores que han impulsado la decisión de imponer aranceles. Su gobierno ha tomado una serie de medidas para hacer frente a los cárteles, incluida la designación de más de media decena de grupos delictivos como organizaciones terroristas extranjeras. Esta medida podría acarrear sanciones, incluidos cargos penales, para las empresas implicadas en los cárteles, pero también ha suscitado la preocupación del gobierno mexicano por una posible violación de su soberanía.

Los abogados del gobierno de México sostienen que los fabricantes y vendedores de armas estadounidenses son cómplices de lo que denominan un “río de hierro” de armas de fuego que entran en el país y arman a los cárteles. Señalan los estrictos controles sobre la compra de armas en México, donde no se permite a los civiles adquirir los tipos de armas de fuego rápido y potente estilo militar que prefieren los cárteles, como prueba de que cada año se introducen de contrabando en territorio mexicano hasta medio millón de armas de fuego procedentes de Estados Unidos.

“Es mucho más fácil y mucho más eficaz detener la cadena delictiva de las armas en su origen y cerrar la llave”, dijo Jonathan Lowy, presidente de Global Action on Gun Violence y antiguo litigante contra la industria armamentística, quien ha trabajado en el caso en representación de México.

Los fabricantes de armas, a los que se ha unido una serie de grupos de defensa de las armas, incluida la Asociación Nacional del Rifle (NRA por su sigla en inglés), han argumentado que la demanda socavaría los derechos de las armas en Estados Unidos.

“México ha extinguido su derecho constitucional a las armas y ahora pretende extinguir el de Estados Unidos”, dijo la NRA en un escrito de apoyo a los fabricantes de armas. “Con ese fin, México pretende destruir financieramente la industria estadounidense de las armas de fuego”.

El caso puede ser visto con escepticismo por la Corte Suprema, donde la supermayoría conservadora de 6 a 3 ha trabajado para ampliar los derechos de las armas. Pero, en un momento en que Trump ha puesto al país en el punto de mira, el caso ha ofrecido un foro para que México exprese sus argumentos de que los fabricantes de armas estadounidenses comparten la responsabilidad de la violencia de los cárteles. El gobierno mexicano también ha demandado a varias tiendas de armas en Arizona y podría ampliar su esfuerzo presentando demandas adicionales.

En una conferencia celebrada el mes pasado en América Latina, Pablo Arrocha, asesor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, dijo que las dos demandas interpuestas hasta ahora solo son el principio de una estrategia jurídica más amplia para contrarrestar el flujo de armas a través de la frontera.

Durante años, México ha presionado a Estados Unidos para que haga más por frenar el tráfico de armas de fabricación estadounidense a través de la frontera. Cuando Trump anunció que retrasaría los aranceles contra México el mes pasado, ambas naciones habían acordado abordar sus respectivas preocupaciones: las autoridades mexicanas prometieron trabajar para frenar el flujo de drogas a través de la frontera, mientras que las estadounidenses intentarían combatir el tráfico de armas.

En los últimos días, ha habido indicios de mejora de las relaciones entre los dos países, como cuando el gobierno mexicano envió esta semana a Estados Unidos a casi 30 altos operativos de cárteles buscados por las autoridades estadounidenses. Pero dentro de la Casa Blanca, los asesores de Trump siguen divididos sobre la conveniencia de emprender acciones más sustanciales en México, incluida la realización de ataques militares contra los cárteles mexicanos de la droga.

Un portavoz de la Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios.

México demandó por primera vez a varias empresas de armas en 2021, argumentando que el derramamiento de sangre de los cárteles era “el resultado previsible de las acciones y prácticas comerciales deliberadas de los demandados”.Un juez de primera instancia desestimó el caso, al considerar que estaba prohibido por una ley federal de 2005 que limita los litigios contra los fabricantes y distribuidores de armas y ha proporcionado inmunidad frente a las acciones interpuestas por las familias de las personas muertas y heridas por sus armas.

Un panel unánime de jueces de la corte de apelación del Primer Circuito de Estados Unidos, en Boston, anuló esa decisión. Consideraron que la demanda cumplía los criterios de una parte de la ley que permite litigar en casos en los que las violaciones a sabiendas de las leyes sobre armas de fuego son causa directa de las lesiones del demandante.

Los fabricantes de armas pidieron a los jueces que vieran el caso, Smith & Wesson Brands contra Estados Unidos Mexicanos, núm. 23-1141. Los abogados de Smith & Wesson argumentaron que México había presentado una teoría jurídica que era un “Rube Goldberg de ocho pasos, empezando por la producción y venta lícitas de armas de fuego en Estados Unidos y terminando con los daños que los cárteles de la droga infligen al gobierno mexicano”.

Los abogados sostienen que los fabricantes de armas actuaron legalmente en Estados Unidos y no pueden ser considerados responsables del comportamiento ilegal de los cárteles en México. Citaron un caso de la Corte Suprema de 2023 en el que el tribunal dictaminó por unanimidad que las empresas de redes sociales no podían ser demandadas por ayudar al terrorismo porque albergaban publicaciones del Estado Islámico.

Un juez de primera instancia desestimó la demanda de México contra seis de los acusados por otros motivos, dejando que la decisión de la Corte Suprema en el caso se aplicara a las demandas contra Smith & Wesson, fabricante de armas, e Interstate Arms, un mayorista.